Nueva alerta ambiental en la ciénaga de San Silvestre, eterna víctima de la contaminación

La ciénaga de San Silvestre, la más grande del municipio de Barrancabermeja, en el departamento de Santander, ha sido una eterna víctima. Ubicada cerca de la mayor refinería de petróleo de Colombia, los derrames de crudo son reiterativos. A sus aguas llega la contaminación que se escapa de un vertedero de basuras a unos 12 kilómetros y tanto la ganadería como la agroindustria le han robado sus recursos. Además, aquellos que se han parado y han alzado la voz para defenderla, terminan siendo amenazados y expulsados del territorio. Y aunque las afectaciones son históricas, la organización internacional Global Witness abrió un nuevo capítulo al denunciar que Veolia, la empresa francesa que actualmente maneja el relleno, presuntamente está vertiendo contaminantes líquidos a un sistema de aguas que va a parar a la ciénaga.

“Recibimos cuatro videos que lo demuestran”, cuenta Toby Hill, investigador de Defensores de la Tierra y el Medio Ambiente de Global Witness. En estas imágenes, grabadas entre agosto y septiembre de 2023, se puede ver cómo se bombean lixiviados sin tratar desde una piscina de contención a los humedales cercanos. En uno de ellos, incluso, se ve específicamente a una persona con el uniforme de Veolia hacerlo.

Para garantizar su veracidad, Global Witness, junto a la organización local San Silvestre Green, voló un dron y comprobó que las imágenes fueron grabadas en ese vertedero. Además, le pidieron a Source International, un grupo de científicos especializados en contaminación industrial, que revisara los videos. “Su director, Flaviano Bianchini, lo calificó de prueba clara de una mala praxis atroz y descarada”, describen el reporte.

“En un informe previo sobre el tema, habíamos encontrado que la zona, así como la población de Patio Bonito [la más cercana al relleno], se estaba viendo perjudicada por mercurio”, agrega el investigador. Esta vez tomaron una serie de muestras de sedimentos, recolectadas en septiembre de 2024 en puntos aguas abajo desde donde se habrían derramado los lixiviados, “que revelaron altas concentraciones de metales pesados, incluido el mercurio, 25 veces por encima de los límites de seguridad”.

Ante estas denuncias, Veolia le respondió a América Futura a través de un cuestionario escrito que nunca han autorizado estos vertimientos. “Desconocemos el origen, las fechas y el contexto de estos videos; creemos que este material se elaboró con la intención de contravenir los procesos, prácticas e instrucciones de la empresa, manipulando deliberadamente los equipos operativos para dañar nuestra reputación”, explican, agregando que toda gestión de lixiviados se hace dentro de las instalaciones.

Sobre las muestras de mercurio, aseguran lo contrario a Global Witness. Dicen que la autoridad ambiental que les otorgó la licencia, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, mide cerca de mil parámetros en aire, agua y suelo, y ha concluido que todos están “muy por debajo de los límites permisibles normativamente”. Esta autoridad, clarifican, realizó seis visitas durante los últimos dos años con este fin, además de tres inspecciones adicionales durante los doce meses previos para hacer auditorías. “Los resultados de estas visitas certificaron el pleno cumplimiento del Parque San Silvestre [nombre del vertedero] con las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental, así como su total cumplimiento ambiental, sin irregularidades, en la gestión de la cuenca de operación, la masa de residuos, el drenaje pluvial y la gestión de lixiviados”.

Los análisis de laboratorio que ha hecho Veolia directamente sobre los lixiviados —explican— muestran concentraciones mínimas de mercurio, de menos de 0,001 miligramos por litro. La organización internacional, por su parte, encontró en los sedimentos —que son un material distinto a los líquidos como el propio lixiviado—niveles que llegan hasta los 4,25 miligramos por kilogramo. “Es 25 veces superior a las concentraciones de mercurio consideradas fiablemente seguras en Canadá, y nueve veces por encima de los niveles a los que el elemento se asocia frecuentemente con efectos negativos”, dice el informe.

Es un punto en el que hay muchas discrepancias sobre cómo se toman las muestras y lo que concluyen. Veolia señala que no hay evidencia de que el alto nivel de mercurio reportado por Global Witness tenga como causa, específicamente, lo que sucede en el relleno. Hill, por su parte, explica que los líquidos no son el mejor estado para medir el mercurio, ya que es muy volátil, y que algunas de las muestras de las que habla Veolia fueron tomadas en zonas de la operación que no son afectadas por la contaminación. “Veolia nos señaló que hacen un monitoreo dos veces al año y, según los expertos de Source International, no es una periodicidad suficiente para entender el panorama”.

Una contaminación de larga data

Leonardo Granados, director de San Silvestre Green, la organización que trabajó junto a Global Witness en el reporte, ha puesto la lupa sobre el vertedero desde que se creó. “Y se hizo mal”, asegura. En 2012, Rediba, la empresa colombiana que antes lo manejaba, solicitó la licencia ambiental para construirlo y operarlo, pero con “la gran incoherencia” de que el predio se encuentra dentro del Distrito Regional de Manejo Integrado del Humedal San Silvestre, es decir, un área protegida. “Esto era un corredor biológico del jaguar, del manatí antillano, del mico aullador”, dice Granados. “Además, por normativa, un relleno no se puede construir si hay alguna población a un kilómetro, y Patio Bonito está a 50 metros, en frente”.

Con una demanda, San Silvestre Green logró bloquear el proyecto un tiempo, pero, pese a eso, en 2014, las autoridades le dieron el permiso a Rediba para seguir y, un año después, empezó a operar. De nuevo, con muchas fallas. “Tenían piscinas de lixiviados sin geomembrana, por lo que la contaminación se filtraba; hicieron diques para represar agua, inundando y pudriendo el bosque y, destruyeron un nacimiento de agua”, recuerda. “Al igual que lo que decimos que está haciendo Veolia, también vertieron lixiviados a cuerpos de agua sin antes tratarlos”.

En 2017, tras nuevas acciones legales, la Corte Constitucional emitió una sentencia confirmando que se habían violado los derechos a la salud y a un ambiente sano de la comunidad de Patio Bonito. Y aunque no ordenó cerrar el vertedero, sí obligó a la compañía a mejorar su impacto ambiental y a varias autoridades a ponerle la lupa a lo que estaban haciendo.

Dos años después, en 2019, Veolia le compró el proyecto a Rediba. “No existen procedimientos ni sanciones ambientales contra Veolia por la operación del relleno sanitario, según el Registro Único de Infractores Ambientales”, aclara la empresa de origen francés, poniendo una clara línea entre lo que pasó antes y después de su llegada. Pero, para Global Witness y Granados, los videos recibidos son una nueva pieza que evidencia cómo se desgasta el ecosistema de la ciénaga, sus caños y sus lagos, que empiezan a dejar de resistir. Aunque las autoridades nacionales, históricamente, han tomado medidas para repararlo y protegerlo, sus defensores las consideran tímidas.

“Al tratarse de una multinacional francesa que pone en peligro a la gente, creemos que es importante que la comunidad internacional les exija responsabilidades”, comenta Hill. “La Unión Europea tiene una directiva sobre debida diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad. Pero tememos que se introduzcan unas enmiendas que están siendo revisadas por la Comisión Europea que debilitarían los derechos de las víctimas a reclamar justicia”.

Mientras, en Barrancabermeja siguen teniendo que huir aquellos que hablan por la ciénaga. Granados ha recibido amenazas y Yesid Blanco, un pediatra local que fue el primero en advertir que el mercurio estaba afectando la salud de la población, se fue del país hace un par de años para proteger su vida. “Santander se constituyó en el departamento donde se han presentado la mayor cantidad de amenazas de muerte contra personas que ejercen un rol de liderazgo de tipo ambiental”, recordó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hace ya tres años.